Autónomos: ya no hay más "teta"

La columna del editor Por Alfonso Piñeiro

Los 6.000 autónomos que se han dado de baja en el año en la región, y que convierten a Castilla-La Mancha en la cuarta comunidad con mayor sangría de profesionales independientes, representan una cifra escasa respecto a los 166.000 parados de las cinco provincias. Pero es una cantidad sintomática. No sólo de la velocidad con la que la crisis económica se ha comido los infinitos recursos que creíamos disponibles. También lo es, como en tantas cuestiones ligadas a la recesión, del agotamiento de un modelo de la relación entre los sectores que generan riqueza y los poderes públicos.

No es casual que la comparecencia la semana pasada de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, relacionara la crisis del sector con los impagos de los ayuntamientos. El bloqueo financiero experimentado por estos desde mediados de 2008 ha mermado su capacidad de aportar capital a ideas, iniciativas, proyectos u obras en los que se han embarcado miles de nuevos emprendedores, acompañados de las entidades locales y autonómicas durante los años del boom inmobiliario-financiero.

La hinchazón de la economía no sólo permitió alcanzar tasas de desempleo casi idílicas. También sirvió como soporte para la creación de miles de negocios. Las oportunidades pasaban a diario y no había que ser muy hábil para cazarlas. Una frase hacía fortuna, sobre todo desde la entrada del euro, entre quienes se sentaban en torno a unos cafés para montar algún chiringuito. "Los ayuntamientos tienen dinero a espuertas, y las comunidades autónomas ni te cuento", decía siempre el negociante de turno. "Claro, claro, que hay muchas bocas que alimentar, y callar, y comprar; esto es lo bueno de la descentralización", añadía cualquier mentecato con ínfulas de estadista.

Este comportamiento vició, a su vez, la actitud en las instituciones públicas. Se multiplicaron los panes y los peces para poder repartir las migajas entre los autónomos de reciente creación, mientras se reforzaron los lazos con grandes firmas que se habían convertido en contratistas habituales de los ayuntamientos y los gobiernos autonómicos. Muchos dieron un paso más, y compadrearon con el concejal-recaudador de cada pueblo, o almorzaron con la persona al frente de tal o cual consejería, precisamente para ver si recibían algún... "consejo". De esos muchos, algunos optaron, a uno y otro lado del negocio, por intercambiar influencias. Y después llegaron los trajes y las financiaciones.

Sólo una mínima parte entró en esa fase macabra, pero el proceso estaba pervertido desde mucho antes y desde la raíz. Se había invertido. Sobre el papel se mantenían las formas: concurso público, evaluación de proyectos, adjudicación provisional, etc. Más allá de los tecnicismos, en muchos casos volaban las directrices de un lado a otro, "preséntame esto así", "ojo con mengano, que está apretando mucho con este criterio" o "pásame unas cifras más bajas, que luego lo arreglamos alargando los plazos". Es más, en ocasiones las empresas sabían cuál sería la firma adjudicataria antes de que, efectivamente, la eligiera la comisión de turno.

Se podrá objetar que para algo tienen las entidades loscales sus perfiles de contratante. Y se admite. Incluso se admite que, posiblemente, en la mayoría de los casos los directivos municipales y autonómicos de todo el país hicieron cuanto estuvo en sus manos por dotar de la mayor transparencia a sus operaciones. Pero no se habla aquí de cuán corruptos fueron, sino de una mentalidad que se instaló en toda una forma de entender el chiringuito a costa del erario público. Hasta que llegaron las vacas flacas, y hubo que empezar a recortar.

No tiene sentido, como denuncia el presidente de ATA, que sólo 438 de los 8.110 ayuntamientos del país hayan pedido la ayuda de la financiación estatal, a través de las líneas ICO de avales para hacer frente a la morosidad. Sobre todo, si se tiene en cuenta que el Real Decreto de medidas extraordinarias y urgentes para facilitar a las entidades locales el pago de sus deudas pendientes, aprobado en el mes de abril, supone una capacidad de financiación de 14.000 millones de euros. Cifra que deja en mantillas al Fondo Estatal de Inversión Local, que tanta fanfarria ha generado como Plan E, con "sólo" 8.000 millones.

No obstante, y aunque todas las entidades locales pidieran socorro al Estado, la cifra estimada de deuda contraída con autónomos y microempresas es más del doble que la de las medidas extraordinarias: 30.000 millones de euros. La moción que llevará el Partido Popular al próximo Pleno del Ayuntamiento debe tener en cuenta todas estas variables si quiere que, en caso de prosperar, suponga un impacto real en la economía de autónomos y profesionales.

Se impone un cambio de mentalidad. Por parte de las empresas, sobre todo las más pequeñas, redoblar su imaginación para ofrecer valor añadido real y aparcar el "chupete" de la financiación pública. Ya no hay más "teta" de la que sacar nada. Al menos, hace falta más que un berrinche para conseguirlo. Por parte de las entidades de gobierno, demostrar con hechos más que con papeles que sus perras gordas, que son las perras chicas del conjunto de la ciudadanía, van destinadas a proyectos con miras más altas que las de los intereses particulares de un partido, o de un cargo.